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REPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN.

REPONSABILIDAD POR DEFECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN.

 

I.- INTRODUCCIÓN:

 

El proceso constructivo supone un complejo entramado de funciones, actividades y obligaciones de las diferentes personas (físicas o jurídicas) que participan en el mismo; iniciándose con la elaboración de un proyecto, continuando con la propia ejecución de las obras, para finalizar con la entrega del inmueble al propietario o adquirente.

Una vez terminada la obra, el destinatario final del inmueble puede encontrarse con que existen determinados vicios o defectos constructivos o de acabados, que pueden ocasionar daños de diferente índole y, por tanto, ello dará lugar a distintos supuestos, tanto de imputación de responsabilidad a los diversos agentes intervinientes en el proceso constructivo, como de plazos durante los que cada uno de ellos responderá civilmente; existiendo distintas vías de defensa para el perjudicado.

 

Hasta la entrada en vigor de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), la regulación de la responsabilidad por vicios ocultos se recogía en el artículo 1.591 del Código Civil (“el contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados desde que concluyó la construcción; igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicio del suelo o de la dirección. Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción de indemnización durará quince años”). La LOE no ha derogado expresamente dicho artículo, por lo que esta materia encuentra su regulación específica en ambos.

 

II.- RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO:

 

El artículo 17 de la LOE detalla las distintas responsabilidades por los daños causados, a los propietarios o adquirentes de un inmueble, por algún defecto constructivo o de acabado y los períodos  de garantía por los que responde cada uno de los intervinientes en el proceso de edificación.

En el Capítulo III de la LOE se definen claramente los distintos agentes intervinientes en el proceso y las obligaciones de cada uno de ellos.

 

Así, hemos de diferenciar distintos supuestos:

 

a.- Daños materiales causados en el edificio por los vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga y otros elementos estructurales y comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio: plazo para responder por los mismos de 10 años, contados desde la fecha de la recepción del a obra.

 

b.- Daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad de artículo 3.1.c) de la LOE (recoge varios supuestos, pero cabe hacer hincapié en el último, que al ser genérico podría incluir prácticamente cualquier defecto de este tipo, pues hace referencia a “aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que no permitan un uso satisfactorio del edificio”): plazo para responder por los mismos de 3 años, contados desde la fecha de la recepción de la obra.

 

c.- Daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras: plazo para responder por los mismos de 1 año, contado desde la fecha de la recepción de la obra.

 

Es muy importante que, al finalizar la obra, se firme el Acta de Recepción por todos los agentes intervinientes, ya que es el documento en el que consta la fecha a partir de la cual comienzan a contar los períodos de garantía (art. 6.2 de la LOE).

Es muy habitual en el caso de viviendas unifamiliares, en las que el propietario contrata directamente con el constructor, que este documento no se llegue a firmar, lo cual complica las reclamaciones.

 

Producidos los vicios o defectos dentro del periodo de responsabilidad indicado para cada supuesto, nace la acción para exigir la reparación, la cual está sometida a un plazo de prescripción de dos años (art. 18 LOE) a contar desde que se produzcan dichos daños. Existiendo jurisprudencia que respalda que ese cómputo deberá realizarse desde que el daño se pudo conocer (STS de 17 de septiembre de 1996).

 

De los daños indicados en el apartado C.-, responde el constructor;  con respecto a los descritos en los dos primeros puntos (A.- y B.-) responderán todos los intervinientes en el proceso constructivo.

 

En este sentido, la regla general establece que la responsabilidad será exigible de forma personal e individualizada; pero para supuestos en los que no sea posible realizar esa individualización, esa responsabilidad se exigirá solidariamente.

 

Así lo entiende la jurisprudencia, valiéndonos de la STS de 22 de marzo de 1997  que dice:

cuando el suceso ha sido provocado por una acción plural, sin que pueda precisarse la proporción en que cada uno de los factores ha influido en la ruina ocasionada por la conjunción de causas, de modo que resulta imposible discernir específicas responsabilidades de técnico y contratista en el resultado y consecuencias de la obra defectuosa, habrá lugar a la condena solidaria de los intervinientes en la edificación (SSTS de 9 de noviembre de 1994 y 3 de abri1 de 1995), teniendo declarado igualmente esta Sala que la solidaridad dimana ‘ex lege’ respecto de los ejecutores de la obra cuando no se puede perfilar la identidad individualizada de alguno de ellos dentro de cada sector (SSTS 14 de noviembre y 1 de diciembre de 1984, y 3 de febrero de 1991, lo que se reitera en la sentencia de 3 de julio de 1995

 

En este sentido, la STS de 6 de febrero de 1996 esclarece:

La doctrina constante de esta Sala en esta cuestión viene declarando que “aunque no se hubieran demandado a todos cuantos intervinieron en la ejecución de las obras, la excepción de litisconsorcio pasivo no procede ser apreciada en los supuestos de aplicación del art. 1.591 CC, al predominar el principio responsabilidad solidaria, con arreglo al cual y, al no ser posible la individualización de las respectivas actuaciones de quienes llevan a cabo las obras para desvanecer la responsabilidad plural, esta resulta prioritaria

 

La Sala I del Tribunal Supremo hace referencia a que en muchas ocasiones no puede imponerse al perjudicado la averiguación y la prueba de la causa del daño que ha sufrido, cuando ha de hacerse frente a la actuación de distintos profesionales, especialmente técnicos que obtienen beneficios por sus actos, y que han de aplicar reglas especiales de cuidado. Deben ser los demandados los que deben probar que la ruina se produjo al margen de su correspondiente actuación, por tanto para quedar excluido de esa responsabilidad será el facultativo o el constructor, quienes deben demostrar la desconexión entre su función como técnico o ejecutor de la edificación, y el defecto constructivo concreto.

 

Es decir, cuando en el plano del nexo causal resulta difícil determinar la parte de responsabilidad de cada uno, debe proceder la responsabilidad solidaria, ‘social’ o impropia, de todos ellos.

 

 

Por otro lado, la Disposición Adicional 7.ª  LOE, recoge la figura de la “llamada en garantía”, permitiendo al agente del proceso constructivo demandado pedir, al emplazamiento para contestar, que se notifique la demanda a los demás agentes, que serán emplazados también, con advertencia de que la no comparecencia no evita que la sentencia que se dicte les pueda ser opuesta y ejecutada. Caso de intervención provocada de tercero por el demandado del art. 14 LEC.

 

 

III.- OTRAS ACCIONES QUE PUEDEN SER EJERCITADAS POR EL PERJUDICADO:

 

En lo relativo a la construcción, además de la acción recogida en la LOE, expuesta en el punto anterior, existen otras dos posibles acciones:

 

1.- Acción de responsabilidad extracontractual por el daño causado con intervención de cualquier género de culpa o negligencia de los arts. 1.902, 1.903, 1.907  y 1.909 Código Civil.

2.- Acción de carácter contractual, cuyo soporte legal, por incumplimiento de las cláusulas del contrato de compraventa o de ejecución de obra (según el caso) serán los arts. 1.091, 1.098, 1.101, 1.166, 1.258, 1.278 del Código Civil, en tanto en cuanto también el propietario-adquirente de la vivienda es el consumidor final.

La STS de 21 de Marzo de 1996  señala:

Al margen de la responsabilidad decenal del artículo 1591 del Código Civil, puede producirse responsabilidad por incumplimiento contractual, cuya acción está sometida directamente al plazo prescriptivo de quince años del artículo 1964 del Código Civil. Afecta exclusivamente al vendedor y que puede resultar compatible con el artículo 1591, por referirse a que la cosa enajenada debe ser apta para la finalidad con que es adquirida (sentencias de 13-7-1987 y 4-12-1992, entre otras)

Así la STS de 24 de septiembre de 1996, ante el recurso planteado por la parte demandada fundado en que se trata de meros defectos constructivos y no de ruina, la Sala I del Supremo desestima el motivo alegando que “la demanda se fundó tanto en dicho precepto del art. 1591 como en los artículos 1.101  y 1.258 del Código Civil, esto es, en lo pactado, que también genera obligación de reparar lo mal hecho por los vinculados contractualmente

La STS de 2 de diciembre de 1994 aseveraba en su Fundamento Jurídico Segundo: “Consistiendo tales defectos constructivos en el desprendimiento de losetas en las fachadas sur, levante y poniente del edificio y grietas en esas fachadas que provocan humedades en las paredes, tales defectos han de considerarse como graves que hacen potencialmente inhábiles las viviendas a las que afectan para su destino y suponen, en todo caso, un incumplimiento contractual imputable al constructor, habría de responder de su reparación de acuerdo con la regulación general de las obligaciones y contratos que establecen los arts. 1.091,1.098, 1.101, 1.166 y 1.258 del Código Civil

La STS de 28 de enero de 1994  señala: “En una función integradora del art. 1591 CC, la jurisprudencia ha venido a incluir entre las personas intervinientes en el proceso constructivo sujetas la responsabilidad que en el citado precepto se regula a constructor-promotor, que reúne generalmente en una misma persona el carácter de propietario del terreno, constructor promotor de la edificación llevada a cabo sobre aquél, enajenante o vendedor de los diversos locales o pisos en régimen de propiedad horizontal, con beneficio económico de todo el complejo jurídico constructivo, etc. lo que no impide que para la realización y ejecución del proyecto, utilice personal especializado, el que ha de contratar, incluido el constructor o ejecutor material de los distintos elementos que integran el conjunto del edificio, incluso ha dicho la Sentencia de 13 de julio de 1983 que la responsabilidad del promotor viene derivada de los contratos de compraventa por los que transmitió las viviendas y locales radicantes en el edificio, por lo que, al margen de la responsabilidad decenal que el art. 1.591 CC sanciona, corresponde la derivada de aquella otra mera por el incumplimiento de sus obligaciones como vendedor le corresponden

 

 

IV.- CONCLUSIÓN:

 

A la vista de todo lo expuesto, debemos hacer referencia a que la LOE ha venido a apoyar la jurisprudencia existente, que cumplimentaba lo establecido en el artículo 1.591 del CC.

 

Hemos de destacar que, el principio que prima a la hora de exigir responsabilidades frente a los diferentes agentes que han intervenido en el proceso constructivo (promotor, constructor, aparejador, arquitecto superior, etc), es el de imputar la responsabilidad a cada uno de ellos de forma personal e individualizada, no obstante, si dicha individualización no puede llevarse a cabo, responderán de forma solidaria.

 

 

24 de Julio de 2013

Departamento Jurídico

Pago fraccionado de Sociedades

PAGA MENOS EN LOS PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Las empresas tienen, durante el mes de febrero, la oportunidad de elegir otra modalidad de pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades para el año en curso.
Las empresas que han tenido buenos resultados los últimos años y que venían realizando los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con los resultados de declaraciones de años anteriores podrían verse abocadas a realizar un pago mayor del necesario con el consiguiente problema de tesorería.
Por este motivo, desde el departamento fiscal proponemos especialmente a las empresas que esperan tener menores beneficios en 2013 con respecto a años anteriores, que soliciten la modalidad de pago fraccionado del Impuesto en función de la base imponible de los tres, nueve y once meses del año natural en curso. De este modo sus pagos fraccionados se ajustarán a la situación actual de su empresa y se verá notablemente favorecida.

En Madrid, febrero de 2013.

Departamento Fiscal.

Nuevas obligaciones en la facturación

NOTA INFORMATIVA SOBRE FACTURACIÓN.

El nuevo Reglamento de facturación fue aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, y con el se introducen novedades en materia de facturación con el fin de adaptarla a la normativa europea, que son de aplicación desde 1 de enero de 2013.

Las empresas y profesionales deberán sustituir los tiques por facturas simplificadas desde el 1 de enero de 2013 para justificar sus operaciones.

La nueva normativa establece dos modelos de facturas: la factura ordinaria o completa y la simplificada:

• La factura simplificada: su contenido es más reducido que la factura ordinaria. El empresario o profesional deberá expedir este tipo de factura cuando su importe no exceda de 400€, expida facturas rectificativas, o en los casos en los que la normativa anterior permitía emitir tique en lugar de factura siempre que el importe no exceda de 3.000 €, IVA incluido en este importe. Si el destinatario de la operación es un empresario o profesional que desea ejercitar el derecho de deducción del IVA deberá solicitar al expedidor de la factura que indique datos adicionales: la identidad del destinatario y las cuotas repercutidas del impuesto de forma separada. Las facturas que no contengan estos datos adicionales tendrán el mismo tratamiento fiscal que tenían los tiques en cuanto a la posibilidad de deducir el IVA.

• La factura completa: debe incluir en todo caso la identificación del destinatario, así como incorporar, cuando éste sea el caso, mención especial si la factura ha sido emitida por el destinatario o se trata de un supuesto de inversión de sujeto pasivo.

 

Además, la nueva regulación impulsa el uso de la factura electrónica con el fin de igualarla a la factura tradicional en papel. La factura electrónica es la expedida y recibida con formato electrónico. Si bien su uso está condicionado a que el destinatario haya prestado su consentimiento.

Por último, se establece un nuevo plazo común para la emisión de las facturas de operaciones entre empresarios y profesionales, que sean interiores e intracomunitarias: el día 16 del mes siguiente a la fecha de devengo o de inicio del transporte de la mercancía.

Enero de 2013

Departamento Fiscal

Nuevas obligaciones en facturación

NOTA INFORMATIVA SOBRE FACTURACIÓN.

El nuevo Reglamento de facturación fue aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, y con el se introducen novedades en materia de facturación con el fin de adaptarla a la normativa europea, que son de aplicación desde 1 de enero de 2013.
Las empresas y profesionales deberán sustituir los tiques por facturas simplificadas desde el 1 de enero de 2013 para justificar sus operaciones.
La nueva normativa establece dos modelos de facturas: la factura ordinaria o completa y la simplificada:
• La factura simplificada: su contenido es más reducido que la factura ordinaria. El empresario o profesional deberá expedir este tipo de factura cuando su importe no exceda de 400€, expida facturas rectificativas, o en los casos en los que la normativa anterior permitía emitir tique en lugar de factura siempre que el importe no exceda de 3.000 €, IVA incluido en este importe.

Si el destinatario de la operación es un empresario o profesional que desea ejercitar el derecho de deducción del IVA deberá solicitar al expedidor de la factura que indique datos adicionales: la identidad del destinatario y las cuotas repercutidas del impuesto de forma separada.

Las facturas que no contengan estos datos adicionales tendrán el mismo tratamiento fiscal que tenían los tiques en cuanto a la posibilidad de deducir el IVA.

• La factura completa: debe incluir en todo caso la identificación del destinatario, así como incorporar, cuando éste sea el caso, mención especial si la factura ha sido emitida por el destinatario o se trata de un supuesto de inversión de sujeto pasivo.

Además, la nueva regulación impulsa el uso de la factura electrónica con el fin de igualarla a la factura tradicional en papel. La factura electrónica es la expedida y recibida con formato electrónico. Si bien su uso está condicionado a que el destinatario haya prestado su consentimiento.
Por último, se establece un nuevo plazo común para la emisión de las facturas de operaciones entre empresarios y profesionales, que sean interiores e intracomunitarias: el día 16 del mes siguiente a la fecha de devengo o de inicio del transporte de la mercancía.
Enero de 2013
Departamento Fiscal

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA NUEVA OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO.

Desde el 1 de enero de 2013 existe la obligación de informar sobre los bienes y derechos que cualquier residente en España haya tenido en países extranjeros en 2012.

La declaración deberá presentarse ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria antes del 30 de abril de 2013.

Los obligados a presentar la nueva declaración informativa son:
• Personas físicas y jurídicas residentes en España.
• Establecimientos permanentes en España de personas o entidades no residentes.
• Comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades que careciendo de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición.

La declaración deberá realizarse sobre los siguientes bienes siempre que superen los 50.000 € dentro de su categoría:
1. Cuentas bancarias: abiertas en entidades bancarias cuando se sea o se haya sido titular, autorizado, representante o beneficiario, o titular de derecho real, por el saldo a 31 de diciembre y el saldo medio del último trimestre.
2. Acciones y participaciones de entidades jurídicas e instituciones de inversión colectivas.
3. Seguros de vida o invalidez.
4. Rentas temporales o vitalicias consecuencia de una entrega de capital, derechos económicos o bienes.
5. Bienes inmuebles o derechos sobre inmuebles.

La sanción establecida por el incumplimiento de esta obligación oscila entre multa pecuniaria de 1.500 € si la declaración se presenta fuera de plazo o si se presenta por medios diferentes a los telemáticos cuando se está obligado a ello, y de 5.000 € por cada dato o conjunto de datos en caso de incumplimiento absoluto de esta obligación, con un mínimo de 10.000 €.

Una vez presentada la primera declaración sólo será obligatorio presentarlo en los próximos años cuando exista un incremento de 20.000 € respecto a los bienes y derechos declarados en 2013 o se haya perdido la condición de titular de los mismos.